EN EL PERU, LA PENA DE MUERTE COMO COARTADA
Por
Gustavo Espinoza M. (*)
¿Alguien
habría imaginado a Tabaré Vásquez, o a Michelle Bachelet, o al
Presidente del Brasil iniciar su gestión gubernativa reclamando la
restauración inmediata de la pena de muerte en un país que se preciaba
de haberla abolido?
Sin
duda que no. Y probablemente tampoco nadie hubiera imaginado que este
fuera el "leit motiv" del discurso presidencial del señor
Alan García
ahora,
cuando no han trascurrido siquiera veinte días de su ascenso al Poder.
Pero ocurre que la vida peruana está ciertamente trastocada por elementos
de violencia
que se
arrastran desde las dos últimas décadas y que no dejan de orillar la
muerte de un modo fatigante y reiterativo.
Hay
quienes atribuyen a una cierta voluntad tanática del Presidente Peruano
esta casi frecuente alusión a la muerte. Después de todo, a mediados de
la década de los setenta, en un aciago 5 de febrero, intentó incendiar
el edificio de un diario con los periodistas y los trabajadores de la
prensa dentro quizá para que mueran todos.
Años
después, a mediados de los 80, ordenó lo que ha pasado a la historia
como "la matanza de los Penales", una horrenda masacre que dejó
alrededor de 350 muertos que se acababan de rendir ondeando sus banderas
blancas.
Hoy,
a falta de periodistas o de terroristas, pareciera el mandatario peruano
buscar violadores a los que ejecutar, como una manera de saciar un cierto
instinto sin duda peligroso, que dice mucho de la personalidad enfermiza
de quien nos gobierna.
Pero
el tema es ciertamente más complejo y tiene que ver con otros elementos.
Intentemos una explicación.
Casos
de violación a los derechos humanos en el Perú, como el de la matanza de
los Penales, o el de las ejecuciones extrajudiciales bajo los regímenes
de García y Fujimori, han sido puestos a disposición de los tribunales
nacionales tanto por los organismos de derechos humanos como por los
familiares de las víctimas. Lo que ocurre es que los encargados de
administrar justicia han preferido echar un balde de agua fría sobre los
reclamantes alegando en unos casos que los delitos "ya
prescribieron" o que simplemente "no hay pruebas suficientes
para incriminar a nadie" porque -claro- nadie vio dictar las órdenes
y ellas, además, no estaban contenidas en memorando alguno.
Los
tribunales, puestos en el tema, han optado entonces simplemente por
"cerrar la causa" y dejar un veredicto moral en manos de la
posteridad. Pero, por supuesto, no abrir instrucción judicial contra
nadie porque eso podría afectar ·"el prestigio" del acusado.
En
este marco, los peruanos no tuvimos otra alternativa, en el pasado
reciente, que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aunque con explicables deficiencias, la justicia supra nacional obró, y
pudo, por ejemplo, disponer de nuevos juicios para legalizar sentencias
que habían sido dictadas por jueces sin rostro en procesos sumarios y
tribunales castrenses.
Había
que decir ¡no! en nombre de la civilización para que el país no cayera
en la barbarie, y así ocurrió por lo menos en casos puntuales.
Hoy
parece que la situación toma otro rumbo, porque el Presidente de turno ha
optado por enarbolar la bandera de la muerte y ha hecho cuestión de
Estado de una norma que nadie sabe, finalmente, cuándo ni cómo habrá de
aprobarse. Sus propios ministros han expresado su desacuerdo con la medida
en unos casos porque les repele la idea, pero en otros simplemente porque
la juzgan inviable. Y Alan García, democrático como el que más, les ha
respondido que ellos piensen como quieran -son libres de hacerlo-, pero
que, a la hora de hablar, digan lo que se les ordena y hagan lo que quiere
el Presidente. En otras palabras, callen y obedezcan.
En
realidad no es el tema de la legislación punitiva o que está en el
centro del interés del gobierno. No es la posibilidad de que se aplique
la Pena de Muerte, siquiera. El asunto es otro: les interesa tanto a Alan
García como a Alberto Fujimori - entrañables hermanos de sangre- hacer
aprobar la Pena de Muerte tan sólo para "denunciar" el Tratado
de Derechos Humanos y retirarse de la Corte Interamericana con sede
en San José de Costa Rica.
¿Y
qué obtendrían ambos a cambio de tal despropósito? Una torta de
chocolate bañada en crema de chocolate, por cierto. Un pastel divino: los
juicios que actualmente se ventilan en la Corte contra Alan García y
Alberto Fujimori colapsarían, La CIDH no tendría jurisdicción sobre un
Estado que acaba de retirarse del Pacto, razón por la cual archivarían
las causas.
Es
eso lo que busca García en complicidad con Fujimori. Y por eso ambas
bancadas parlamentarias, unidas a las de la señora Flores, baten palmas y
se disponen a obrar.
Le
Pena de Muerte para algunos será, paradójicamente, la exculpación para
otros. Los culpables de los delitos de violación serían fusilados, pero,
en reciprocidad, los responsables del asesinato de peruanos humildes y del
saqueo de la hacienda pública podrían contar con el beneficio de una
decisión que les corta las posibilidades de sentencia. Así es la cosa.
