Justamente, si algún mérito tiene la plataforma de la CGTP es que plantea esta cuestión de fondo: el modelo económico neoliberal y la forma cómo se ha aplicado en el Perú. Es más, el juicio sobre el modelo económico neoliberal empieza a convertirse en el país en el parteaguas entre los que están por mantener el actual inmovilismo caótico en el que se sume el gobierno y quienes apostamos por cambiarlo. Esto se plasma en la evaluación de la actual coyuntura de crisis política ya casi crónica: para unos el problema es de nombre y de conductas personales, para otros, en cambio, se trata de la continuidad del modelo económico que implantó la dictadura fujimorista y que traba, permanentemente, el funcionamiento de la democracia. Los resultados están sobre la mesa, catorce años después del ajuste de 1990 seguimos con una cifra de pobres que va entre la mitad y los dos tercios de la población y unas de las desigualdades más profundas de América Latina, región por demás desigual en el planeta. O sea, un completo fracaso.

En esta contradicción entre el mercado, tal como lo entiende el neoliberalismo, y la democracia, para el gobierno y quienes ahora lo apoyan, debe primar el mercado y la lógica de la ganancia sobre los derechos de los ciudadanos. Esta insistencia se da a contrapelo de lo que dice la experiencia nacional e internacional al respecto. En Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela, se cuestiona duramente está lógica de imponer mercado sobre democracia. Los presidentes de América Latina reunidos hace un año en el Cusco decían lo mismo. El último informe del PNUD sobre la democracia en la región también repite similar conclusión. ¿Quiénes son entonces los dinosaurios?

Pero ¿cuál es la característica más negativa de este modelo económico pasado de moda y que erosiona en mayor medida la democracia? La de constituir un capitalismo de amigotes, cuya característica central es la búsqueda de una ganancia extraordinaria a partir de sus relaciones personales con el poder de turno. Es decir, privilegios por ser "pata" de fulano o de sutano en el gobierno. Por eso el aviso de la Confiep, sorprendida ante un conjunto de disposiciones que consideran contrarias a sus intereses, porque, precisamente, su relación con la autoridad es principal fuente de ganancia para sus empresas. Distintos debates sobre el beneficio que obtienen grandes negocios como la minería, las AFPs, los puertos, están atravesadas por esta discusión. El objetivo para algunos inversionistas es mantener los privilegios que obtuvieron durante el gobierno autoritario de Fujimori y Montesinos. O sea, se trata de mantener un modelo de inversión en el que la rentabilidad no está dada principalmente por la productividad del negocio sino por las "condiciones" políticas del mismo. Como lo han dicho diversos analistas en distintos foros, un negocio que es competitivo por los privilegios que le otorga el poder de turno y no por su competitividad inherente, basada en la productividad, poco reporta al desarrollo del país.

La crisis del modelo pone entonces sobre la mesa la necesidad de establecer una nueva relación entre mercado y democracia. Una nueva relación en la que el Estado debe ser fuerte y con la autoridad necesaria para que le hagan caso. Un Estado con la autoridad que le brindan los ciudadanos para que vele por el bienestar de todos y no solo por los privilegios de los amigotes del poder de turno.