El
mito del modelo intocable
Por
Humberto Campodónico
(extractos
de la entrevista a “Hildebrandt en sus trece”, por Juana Gallegos, 8 de
abril del 2010).
“¿Qué
pasaría si cambiamos algunos aspectos del modelo económico, significaría
que “nos vamos al abismo”?
Parto
de dos premisas. Uno: una nueva relación entre Estado y mercado. La economía
del Perú, a diferencia de otros países de América Latina, ha quedado
sustentada en la preeminencia del mercado y de las inversiones, así en
general. Dos: el tipo de crecimiento económico debe traducirse en la
diversificación del aparato productivo. No podemos quedarnos como un país
primario-exportador donde el 70% de las exportaciones son minerales y petróleo.
Debemos
avanzar hasta invertir esta proporción. Se necesita un Estado que guíe la
inserción del país en una perspectiva que nos haga más competitivos.
Tenemos la más baja inversión en ciencia y tecnología, solo el 0,15% del
PBI, mientras que en Chile es 0,80% y en Francia es 3%.
¿Qué
sucedería si ponemos un impuesto a las sobreganancias?
Hay
empresas mineras que tienen contratos de estabilidad tributaria y que están
blindados por la Constitución. Solo pueden ser modificados por acuerdo de las
partes, sin considerar siquiera la intervención del Congreso. Fíjese, la
ganancia de las empresas ha crecido desde los 90 cuando empezó la inversión.
El precio del cobre, por ejemplo, era 90 centavos de dólar por libra y ahora
está en US$ 4,30. Ya recuperaron su inversión, no habría ningún problema
en negociar con las mineras. Pero, claro, ninguna te va a decir que va a dar
parte de su ganancia voluntariamente. Tiene que haber un gobierno con voluntad
política para hacerlo y plantearles que el Perú necesita una mayor
participación en la explotación de sus recursos naturales.
Es
un mito que eso significaría romper con el modelo. Radical sería otorgar
subsidios indiscriminados o controlar la tasa de cambio. Es más, parece que
nadie se ha dado cuenta de que existe el óbolo minero y que, más allá de
que se trata de un monto pequeño, es el reconocimiento de que hay una
ganancia extraordinaria.
¿Qué
pasaría si fortalecemos a las instituciones reguladoras del Estado?
Además
de Osinergmin y Osiptel, mire lo que pasa con Indecopi: se ha bajado el IGV y
los aranceles para las medicinas contra el cáncer y el sida y los precios
siguen igual de altos. Los únicos ganadores aquí terminan siendo los
laboratorios que ponen de pretexto que “en el país hay libertad de
precios”. Entonces mejor que restituyan el IGV para que el Estado no deje de
recaudar ingresos tributarios.
Mire
lo que pasa con las AFP, que cobran lo que les da la gana por comisión. El
nivel de ingresos que obtienen supera ampliamente sus gastos. Dicen que eso es
así porque estamos en una economía de “libre mercado”. La
Superintendencia de Banca y Seguros plantea un proyecto de ley para regularlos
y responden “es un acto inconstitucional”.
Lo
que el sentido común dicta a la gente es que, con este modelo, cuando
la marea sube no suben todos los botes, suben algunos y no los de ellos.
Respecto a las prendas dumping, es extraordinario que se importen ternos por 9
soles y los vendan a 92, hablando de un precio hipotético. En Colombia, por
ejemplo, se ha establecido un precio mínimo de 12 dólares para un jean
importado, venga de donde venga. Aquí hay prendas que entran a 80 centavos de
dólar el kilo y no pasa nada.
¿Es
ir contra el modelo revisar la Constitución del 93 respecto a todo aquello
que significó desmantelar los derechos laborales?
No.
No solo es la Constitución del 93. La Ley del Trabajo está congelada en el
Congreso desde el 2003, por eso persisten las services, así como las amenazas
cuando se forman sindicatos. Estudiar los artículos sobre los derechos
laborales no significa ir
contra el modelo. Otra cosa sería volver a la estabilidad laboral tipo
Velasco que impedía a las empresas despedir a cualquiera.
Sin
embargo, sin sindicatos importantes los trabajadores no pueden proteger sus
derechos, lo dice la OIT. Los que dicen que esto sería “retroceder” son
los que, verdaderamente, están atrasados y persisten en escucharse solo a sí
mismos, mirándose el ombligo”.
Sobreganancias
mineras y contratos de garantías
Por Humberto Campodónico
Uno de los temas que han ido ganando consenso es, de un
lado, que las empresas mineras están obteniendo ganancias elevadísimas
debido a los altos precios y, de otro, que el Estado no está percibiendo la
participación que le corresponde, tanto por impuesto a la renta como por
regalías.
Uno de los puntos clave a resolver para avanzar son los
contratos de estabilidad firmados entre el Estado y las empresas mineras. ¿Por
qué? Porque el Art.62 de la Constitución de 1993 establece que solo pueden
ser modificados por acuerdo entre las partes. Por tanto, la discusión aquí
debiera centrarse en las negociaciones que lleven a su modificación.
Antes de entrar a ese tema, veamos: los Contratos de Garantías
y Medidas de Promoción a la Inversión Minera han sido firmados por las
empresas y el Ministerio de Energía y Minas, al amparo del Art. 78 de la Ley
General de Minería (DS Nº 014-92-EM).
Estos contratos duran 15 años y están en el Portal del
MINEM (www.minem.gob.pe).
Vemos que los contratos con Southern y con Yanacocha (por Maqui Maqui) ya
vencieron en el 2010 y el 2011 (el cuadro no incluye contratos más antiguos
que ya vencieron). Vemos también que el contrato de Barrick (por Pierina), el
de Cerro Verde y el de Yanacocha (por Cerro Yanacocha) vencen en el 2012, 2013
y 2014, respectivamente.
Uno de los contratos más importantes es el de Antamina, por US$ 2,094 millones, que vence en el 2015. Luego viene
Barrick (por Alto Chicama), vence el 2020, y también Toromocho de Chinalco,
que debe comenzar su inversión en el 2012, por lo que su contrato expira recién
en el 2027. A estos debe sumarse el de Xstrata por Las Bambas, firmado en el
2009 al amparo de los DL 662 y 757 del año 1991 (la inversión debe comenzar
el 2011), motivo por el cual no aparece en el cuadro.
¿Cómo negociar?
El punto de partida debiera ser explicarles a las empresas que las condiciones
económicas y sociales de 1991 y 1992 (precios internacionales bajos, guerra
interna, hiperinflación), no son las mismas que las de hoy (precios altísimos
debido al fuerte crecimiento de los emergentes –sobre todo en Asia–,
inflación baja).
Ese cambio da lugar a nuevas condiciones económicas y
sociales que ameritan modificar los contratos en beneficio de la estabilidad
económica y social de las partes. Algo parecido invocó el Presidente Piñera
de Chile con respecto el terremoto y las necesidades de la reconstrucción, lo
que fue aceptado por las empresas mineras (ver Impuestos mundiales a las
sobreganancias mineras, www.cristaldemira.com,
26/2/11).
El tema de fondo es que la rentabilidad de las empresas no
se va a afectar. Aquí la cuestión clave no es la carga impositiva
existente, sino las exorbitantes tasas de retorno de la inversión que ya están
obteniendo las mineras, con las que nunca ni siquiera soñaron. ¿Por qué no
compartirían una parte de esa sobreganancia con el país receptor, como por
ejemplo ya lo hicieron –aunque en una cantidad ínfima– con el óbolo
minero que, justamente, vence a fin de año?
Para terminar, debe modificarse la ley de minería para que
los nuevos contratos permitan un reparto adecuado de las utilidades y las
sobreganancias entre las empresas mineras y el Estado. Esas modificaciones se
pudieron hacer bajo Toledo y García y hoy son moneda corriente en todo el
mundo. Pero nada. Esta es, por tanto, la oportunidad para hacerlo. Salvo peor
parecer.
