La derecha teme a una Constituyente

Los editorialistas de Correo sostienen, como yo, que sufrimos una grave crisis política que atraviesa a Toledo y todo el régimen político (Legislativo y Poder Judicial), entre un profundo desencanto popular.

Diariamente exigen a Toledo dar un paso al costado. Saben que no basta con un cambio de gabinete o un nuevo relanzamiento del Acuerdo Nacional. El país pide la refundación de nuestro sistema político, hundido en el descrédito, y el cambio de un régimen económico inequitativo, que margina a las grandes mayorías. Demanda el cambio de la perversa Constitución que el fujimontecinismo nos legó, y un profundo debate nacional de los rumbos que debe tomar el cambio.

La Constitución del 93 -hija del golpe cleptocrático, "ratificada" en fraudulento referéndum- estableció un régimen político presidencialista y centralista, sin transparencia ni control ciudadano, y un régimen económico-social que anuló derechos sociales básicos y amputó al Estado herramientas para regular una economía de mercado sin sentido social, manejada por grandes empresas que abusan de su poder sobre usuarios y consumidores, sin impulsar el mercado interno, el agro y la industria nacional ni proteger los derechos laborales. Esta Constitución ultraliberal permitió depredar al sector público, redujo al Estado a un ente subsidiario y minusválido, permitió privatizar a tontas y a locas, y obstaculizó la organización ciudadana.

La derecha quiere congelar este régimen económico y maquillar el político. No quiere democracia participativa ni una reforma integral que cuestione los indebidos privilegios de grandes grupos de poder. Saben que este Congreso carece de legitimidad –aunque tenga legalidad– y no representa a las mayorías. Lo critican a diario, pero no quieren un debate constitucional de fondo ni que una Asamblea, elegida por el pueblo, encare el cambio constitucional. Ello debiera darse antes de nuevas elecciones generales, abriendo paso a una salida electoral ordenada que refunde una Nueva República Democrática, Participativa, Descentralista, Justa y en Progreso.

Quienes están contra una Constituyente elegida ahora, paralela al Congreso actual –como lo hizo Colombia– y antes de nuevas elecciones, para que la nueva Constitución se aplique con el nuevo gobierno y no el 2011, escamotean el cambio. Quieren una "reforma constitucional light" a cargo del actual Congreso –que descalifican diariamente– porque les garantiza no ir a una reforma real. Estos grupos de poder medraron con el fujimorismo y siguen medrando hoy. Con sus escribidores del IPE (impulsado por Camet y grandes empresas) pretenden perpetuar privilegios con la Constitución del 93, ligeramente maquillada. El Perú tiene derecho a una reforma constitucional mediante Asamblea elegida por voto universal, que recoja las esperanzas y demandas ciudadanas: ¡Constituyente ya!

05 Agosto 2004

	La derecha teme a una Constituyente Javier Diez Canseco
	Los editorialistas de Correo sostienen, como yo, que sufrimos una grave crisis política que atraviesa a Toledo y todo el régimen político (Legislativo y Poder Judicial), entre un profundo desencanto popular. Diariamente exigen a Toledo dar un paso al costado. Saben que no basta con un cambio de gabinete o un nuevo relanzamiento del Acuerdo Nacional. El país pide la refundación de nuestro sistema político, hundido en el descrédito, y el cambio de un régimen económico inequitativo, que margina a las grandes mayorías. Demanda el cambio de la perversa Constitución que el fujimontecinismo nos legó, y un profundo debate nacional de los rumbos que debe tomar el cambio. La Constitución del 93 -hija del golpe cleptocrático, "ratificada" en fraudulento referéndum- estableció un régimen político presidencialista y centralista, sin transparencia ni control ciudadano, y un régimen económico-social que anuló derechos sociales básicos y amputó al Estado herramientas para regular una economía de mercado sin sentido social, manejada por grandes empresas que abusan de su poder sobre usuarios y consumidores, sin impulsar el mercado interno, el agro y la industria nacional ni proteger los derechos laborales. Esta Constitución ultraliberal permitió depredar al sector público, redujo al Estado a un ente subsidiario y minusválido, permitió privatizar a tontas y a locas, y obstaculizó la organización ciudadana. La derecha quiere congelar este régimen económico y maquillar el político. No quiere democracia participativa ni una reforma integral que cuestione los indebidos privilegios de grandes grupos de poder. Saben que este Congreso carece de legitimidad –aunque tenga legalidad– y no representa a las mayorías. Lo critican a diario, pero no quieren un debate constitucional de fondo ni que una Asamblea, elegida por el pueblo, encare el cambio constitucional. Ello debiera darse antes de nuevas elecciones generales, abriendo paso a una salida electoral ordenada que refunde una Nueva República Democrática, Participativa, Descentralista, Justa y en Progreso. Quienes están contra una Constituyente elegida ahora, paralela al Congreso actual –como lo hizo Colombia– y antes de nuevas elecciones, para que la nueva Constitución se aplique con el nuevo gobierno y no el 2011, escamotean el cambio. Quieren una "reforma constitucional light" a cargo del actual Congreso –que descalifican diariamente– porque les garantiza no ir a una reforma real. Estos grupos de poder medraron con el fujimorismo y siguen medrando hoy. Con sus escribidores del IPE (impulsado por Camet y grandes empresas) pretenden perpetuar privilegios con la Constitución del 93, ligeramente maquillada. El Perú tiene derecho a una reforma constitucional mediante Asamblea elegida por voto universal, que recoja las esperanzas y demandas ciudadanas: ¡Constituyente ya! 05 Agosto 2004