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          RCTV: ¿derecho o privilegio? 

 

 

 

Por: Carlos Angulo Rivas 

La libertad de expresión y opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y religión, de credo político, son derechos inalienables de las personas como lo son los derechos a la vida. El respeto a estos derechos fundamentales en el contexto mundial moderno no está en discusión. 

Sin embargo, ante la decisión soberana de Venezuela, un país en pleno proceso revolucionario, los medios de comunicación empresarial y vastos sectores políticos de la crema y nata de los partidos tradicionales, han puesto el grito al cielo debido a la no renovación de la licencia de transmisión de la televisora privada Radio Caracas Televisión (RCTV).

Y los más avezados e intemperantes empresarios de la prensa y periodistas alquilados de los medios de comunicación latinoamericanos acusan, sin base legal alguna, de haberse cometido un atentado contra la libertad de expresión y además, al presidente Hugo Chávez de ser un dictador y tirano llevándose de encuentro a la democracia. Entonces aquí no caben medias tintas, menos frente a falaces acusaciones de un arbitrario proceder propagandístico, pues la base de la discusión referente a la libertad de expresión debe darse en cuanto definiciones claras y contenidos precisos de ninguna manera en torno a palabras políticas utilizadas a menudo para la manipulación de las conciencias ciudadanas. 

Veamos el asunto en la perspectiva real. En primer lugar el derecho a la libertad de expresión es de las personas no de los entes o corporaciones empresariales. En este sentido, los medios de comunicación privados reciben de los gobiernos el privilegio de informar o sea la concesión o la merced de crear opinión pública, de manera alguna esta prerrogativa obsequia o cede el derecho de las personas a la libertad de expresión. En consecuencia, el privilegio de informar está sujeto a evaluaciones periódicas de la sociedad y por consiguiente del Estado que la representa constitucionalmente. 

La diferencia entre derecho y privilegio debe quedar establecida meridianamente debido a la enorme confusión creada por los propietarios de los medios de comunicación, representantes de los poderes económicos, puesto que ellos son propietarios de sus empresas pero no de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es una propiedad privada; por consiguiente tampoco una mercancía que se pueda comprar o vender. Para ponerlo más claro, el Estado de cualquier país es dueño por ejemplo de los bosques naturales y del mar, de los aires y de las carreteras; y otorga a los ciudadanos o empresas el privilegio de extraer madera o pescar; de volar o manejar sus automóviles; y lo hace de acuerdo a la ley y a las licencias otorgadas que legalmente pueden ser retiradas previa evaluación. 

En otras palabras, el tener una licencia de conducir un avión o un automóvil no crea un derecho inalienable vitalicio, menos el de apropiarse de los cielos y las carreteras. Y estos privilegios otorgados pueden ser retirados si el beneficiario se convierte por acciones temerarias en un peligro público por ejemplo: pilotos suicidas y temerarios o conductores imprudentes y dañinos. Igualmente una licencia (privilegio otorgado) de pesca industrial o de explotación de los bosques puede retirarse si se atenta contra el medio ambiente y la depredación de la naturaleza; y quede claro que con ello no se atenta contra la propiedad privada. 

El gobierno venezolano del comandante Hugo Chávez respeta ampliamente la libertad de expresión de todos y cada uno de los ciudadanos como un derecho inalienable; de allí que el proceso revolucionario avanzó y sigue avanzando en permanente y sistemática consulta popular. Ni dentro del propio país ni en el extranjero podrá negarse la participación masiva de los venezolanos en la toma de decisiones, en los cambios constitucionales, en la participación plena, en la elección de sus representantes. Y es justamente allí donde se afirma en su verdadera magnitud la libertad de expresión de las personas como derecho propio intransferible.

Ahora bien las condenas de organismos tan desprestigiados y decadentes como la Sociedad Interamericana de Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad, el Comité de Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y la Federación Internacional de Periodistas, etc. son gritos agonizantes, casi moribundos de un espíritu de cuerpo empresarial de la mal entendida libertad de expresión relativa a mantener el derecho a la expropiación de algo que corresponde a los individuos y a la mayoría del pueblo, no a las empresas por poderosas que sean. Probado está, previas evaluaciones, que la RCTV se había constituido en un peligro público de primer orden distorsionando la verdad, desinformando y creando zozobra en la población con fines golpistas, criminales y desestabilizadores; aparte de programas grotescos, pornográficos y de pésimo gusto, todos ellos atentatorios a la educación y a la cultura. Motivos más que suficientes para perder la licencia y el privilegio otorgado por el Estado. 

De esta suerte, se entiende la solidaridad de las sociedades de empresarios con RCTV; lo que no se entiende y no puede entenderse de manera racional es la condena del senado chileno y brasilero, entes políticos que asumen una posición equivocada y sin fundamento en defensa de una empresa privada evaluada negativamente en relación y correspondencia a sus propias acciones agraviantes e injuriosas. Preocupación a la que se juntaría una solicitud política de Estados Unidos en la OEA a fin se aplique a Venezuela la Carta Interamericana de Defensa de la Democracia; pedido sin ton ni son para los pueblos de América Latina, porque donde mejor se expresa la democracia real de participación de los ciudadanos en la toma de decisiones es precisamente en Venezuela. 

Y debemos decirlo claramente porque ninguno de los gobiernos de la región, aprobarían un referendo revocatorio de sus mandatos como el aceptado por Hugo Chávez con todas las garantías del caso, hasta el consentimiento de ataques desaforados de los medios de comunicación masiva nacionales e internacionales a su estilo de gobierno, a sus logros y propósitos bolivarianos. La descarada injerencia política en los asuntos internos de un país soberano, por parte de los senados de Chile y Brasil y del gobierno de Estados Unidos, no puede ser más evidente. Y si de defender la democracia se trata ¿Se arriesgarían Felipe Calderón, Alan García o Álvaro Uribe a un referendo revocatorio de sus mandatos, a sabiendas de sus promesas electorales incumplidas en más del noventa por ciento? 

La prensa venezolana e internacional, la de los empresarios más poderosos, ha declarado en mil formas e idiomas no tener al comandante Hugo Chávez como santo de su devoción. Y es verdad, porque los medios lo atacan por todos los flancos de manera insaciable y ahora mediante una belicosa acción desestabilizadora como enemigo de la libertad de expresión, cuando ella es más honrada, íntegra y completa que nunca para los ciudadanos y también para las cadenas de radio y TV que continúan abusando del privilegio otorgado por el Estado mediante el vandalismo informativo y el libertinaje obsceno. Quienes hayan visitado Caracas en los últimos tiempos podrán comprobarlo con sus propios ojos y oídos. La democracia participativa camina aceleradamente por la voluntad popular mayoritaria y la democracia representativa, putrefacta y corrupta de los partidos tradicionales va quedando como un mal paso de la historia en la región. 

Cerca de veinte mil consejos comunales, rurales y urbanos, creados por el proceso bolivariano de la movilización social dan cuenta de los autogobiernos comunitarios donde se ejerce entre las familias de una misma colectividad el derecho a voto sobre los proyectos a ejecutar, la educación y la salud. Claro está que la libertad de expresión sobre el proceso bolivariano de rechazo al neoliberalismo, al libre comercio en desventaja para los países pobres, de la Venezuela integrada al MERCOSUR, del proyecto ALBA como alternativa solidaria de integración; o sobre los logros en educación, salud y trabajo para la población marginal y olvidada de Venezuela, no existe. Y no existe porque la libertad de expresión de las empresas periodísticas consiste en la desinformación permanente, negando el derecho de la población a ser bien informada. 

La libertad de expresión para las empresas mediáticas es inventar mentiras aceptables; inventar que Hugo Chávez posee sueños imperiales de dominación en América Latina como antes los tenía Fidel Castro; inventar bonanzas y prosperidades con los préstamos del FMI o con las firmas de los TLCs con Estados Unidos; apoyar a los políticos que cuiden sus intereses empresariales y los de sus congéneres; ignorar a los movimientos sociales y sus líderes; atacar a la revolución cubana, su esfuerzo, sus logros y a su líder; dar explicaciones de popularidad o impopularidad de los políticos anunciando desastres económicos; ignorar la libertad de criminales y terroristas como el caso de Luis Posada Carriles; defender los fraudes electorales como el de México y Perú; enterrar a los presos políticos de México, Colombia, Perú, Chile, Guantánamo, etc. pero pedir libertad para los terroristas contra Chávez o Fidel Castro; comparar a Hugo Chávez con Hitler pero salvar los crímenes de Bush en Irak; cizañar para las peleas, por ejemplo entre Lula y Chávez, entre Evo Morales y Rafael Correa; echarle la culpa a Chávez porque perdió Ollanta Humala; destacar entredichos Chávez – Kirchner; etc. etc. 

Lo estamos viendo y palpando, esa y no otra es la libertad de expresión que defienden a muerte las empresas mediáticas entrelazadas a nivel mundial; esa es la libertad de expresión de un puñado de empresarios privados que han expropiado el derecho de las personas a ser cabalmente informadas y dignamente servidas a través de un privilegio otorgado por la sociedad.

09.06.07

"El pueblo también tiene derecho a poseer medios de comunicación"

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