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En Bolivia se define el Continente
Por
Isabel Rauber (Alai) *
¿Democracia de quiénes y para quiénes? ¿Todos tienen realmente los mismos derechos a ejercer la ciudadanía? ¿Pueden los pueblos realmente decidir democráticamente sus destinos, mejorar sus condiciones de vida y convivencia? ¿Hay un contrato social capaz de sustentar estas aspiraciones?
Recorriendo los territorios políticos del continente, rápidamente se detecta que los paradigmas democráticos, tal vez por ser escasamente practicados, evidencian sus grandes flaquezas, algunas de ellas, por su desembozada orientación de clase a favor de los poderosos, otras –además de eso por su notable obsolescencia social y cultural. Esto habla de la urgente necesidad de actualizar/cambiar el contrato social (político, económico y cultural), que sustenta nuestras sociedades.
Si centramos las reflexiones en la realidad boliviana actual ello es incuestionable, pero a la vez se instala fuertemente una interrogante: ¿Hay posibilidades?, ¿Existe un interés colectivo en construir un mundo civilizado, que habla –mínimante- de compartir, de repartir y reclama tolerancia, o los poderosos de siempre -quitándose la máscara- adoptarán una vez más la violencia, la exclusión, la mordaza y la muerte como basamento social de sus lujos y avaricias?
Se trata de una disyuntiva de vida y de modos de vida. Y está en juego hoy en las calles y campos de Bolivia y con ellos , en todos nuestros territorios. Es asunto de tiempos y acontecimientos. Bolivia evidencia que la opción dictatorial travestida en los golpes “cívicos” expresión concentrada del egoísmo y la intolerancia extremos de los poderosos, busca re-instalarse como opción política (y económica) en tierras latino-americanas, contando una vez más con la intervención de la mano amiga (“agenda positiva”) del poder de los “americanos”.
La
democracia representativa tiene entre sus fundamentos el voto de las
mayorías. Cuando esto funciona bien para los intereses de las minorías en el
poder (y del poder), estas no levantan ninguna objeción. Cuando –rara vez
por cierto- ocurre lo contrario, la máscara y el discurso universalista
desaparece y aflora sin tapujos el contenido de clase de la democracia que
soportan y sustentan. Para ellos no hay principios democráticos generales,
sino solo aquellos que les permiten defender y extender sus intereses.
Cuando no es así, no dudan en boicotear la democracia, pisotearla,
secuestrarla y matarla, al tiempo que lo hacen también con la ciudadanía que
la defiende. Esto es lo que mostró hace 35 años el golpe a Allende, en
Chile, y lo que hoy muestra crudamente la realidad boliviana. No es de
extrañar por tanto que los grandes medios de comunicación –funcionales a los
poderosos- se empeñen en distorsionar los hechos y en vez de hablar
claramente de sedición contra las instituciones, de abierto irrespeto a la
democracia y la constitución por parte de los golpistas, hablen de un
conflicto entre “dos bandos”.
Pero no hay “dos bandos”. Existe un gobierno
legítimo y un sector social de inadaptados sediciosos antidemocráticos,
incluyendo gobiernos departamentales, que no quieren atenerse a las normas
democráticas, y que conscientes de que se les acabó la fiesta macabra del
saqueo, la explotación, el robo y la humillación , en inocultable estado de
desesperación, transforman su intolerancia en violencia y destrucción
desembozada. El detonante no ha sido ni el “bono dignidad” para los
ancianos, ni las falsas identidades regionales que clamarían por un
separatismo, sino una intoxicación impotente de racismo y clasismo profundos
que explotaron descontrolados luego del aplastante resultado del referéndum
revocatorio, al cual se opusieron precisamente porque ni ellos mismos se
creían las mentiras que producían a través de sus medios cuando afirmaban
que Evo no tenía apoyo ni legitimidad. Su intolerancia, irrespeto a las
instituciones y a la democracia estallan tanto cuando pretender insultar al
Presidente Evo acusándolo de indio, como cuando desconocen los resultados
electorales por la pertenencia étnica de los votantes. Basta de pretextos:
el problema es el entrecruzamiento de intereses de clase y prejuicios
raciales. Para los blancones del poder el voto indígena y pobre no vale,
excepto cuando se les subordina, y tampoco vale la democracia, salvo cuando
es para ellos. De ahí también el rechazo a aceptar el referéndum por la
nueva constitución. Porque de aprobarse –lo más probable-, tendrían que
aceptar no solo la legitimidad del voto indígena y pobre (mayoría) que la
aprobará, sino el que estos sectores y actores puedan estar directamente
representados y participando de la toma de decisiones. Y eso ya supera sus
“sentimientos” y declamaciones democráticos, y pone fin a toda finta de
tolerancia.
La exclusión tiene un origen y contenido clasista y racista, y también se expresa y actúa en lo político. Intereses de clases, racismo, modos de representación e institucionalidad están estrechamente unidos. Es saludable tener presente que el “descubrimiento”, la conquista (exterminio) y colonización de América se hizo en función de la acumulación originaria del capital, y luego se afianzó para mantener y aumentar las ganancias, los privilegios y el poderío de los conquistadores y sus herederos en el poder.
En Bolivia queda evidenciado que los poderosos han utilizado y utilizan la democracia como sistema de dominación y no como derecho humano ciudadano pleno, porque nunca incluyeron a los derechos políticos ciudadanos como parte de los derechos humanos, ni a estos como fundamento de la democracia, ni consideraron a los indígenas seres humanos, menos entonces los reconocerán dentro de su pequeño espectro de derechos civiles (civilizados).
Pero las limitaciones de la democracia no empiezan ni terminan en Bolivia. La pugna de intereses, y su distorsión y castración en función de los poderosos, hace aguas y perfora lo discursivo abstracto en todas las latitudes. Y esto habla –mínimamente- de la necesidad de abrir el debate acerca de la democracia a toda la ciudadanía.
Anquilosadas en su fidelidad a un mundo basado en la hegemonía de una clase sobre el conjunto de la sociedad, las democracias se desarrollaron para las élites y el mercado. En virtud de ello legalizando, sustentando y profundizando la exclusión, la explotación y todas las miserias que ello conlleva , las democracias abren cíclicamente el camino a las discordias y enfrentamientos fratricidas violentos, en los ámbitos nacionales, regionales y continentales. Es obligación moral para con la supervivencia humana, apostar a cambios sociales (económicos, políticos y culturales) profundos, incluyendo –obviamente- los relacionados con la democracia. Y esto implica, entre múltiples cuestiones, actualizar/cambiar las bases del contrato social que la sustenta, es decir, el propio contrato social. Hay que actualizar, renovar, cambiar los fundamentos jurídicos, económicos, sociales, políticos y culturales para que efectivamente, todos los ciudadanos sean iguales, no solo ante la ley, sino ante la vida y en la vida (pública y privada).
Los actuales sucesos de Bolivia demuestran –por si hiciera falta-, que no se puede seguir escondiendo la basura debajo de la alfombra, haciendo como que. Urge debatir acerca del tipo de sociedad, el tipo de país, de gobierno, de Estado y el tipo de democracia que necesitamos para construir un modo de vida basado en la convivencia en paz entre todos y todas. Y esto no puede limitarse a las agendas sectoriales o a los vaivenes oportunistas de un partido u otro. Es vital convocar/comprometer en ello a la ciudadanía toda, sin distingos ni exclusiones de ninguna índole.
Un debate de esa magnitud, para ser efectivo y sostenible, reclama desterrar la intolerancia, reconocer las diferencias activas, es decir, el conflicto que suscitan, como fuente de dinamismo, de vida. Pueden abrirse entonces tiempos en que la política, retomando su vertiente aristotélica, se manifieste como capacidad y derecho ciudadano pleno a expresar las opiniones y propuestas, haciendo del conflicto el vehículo del debate, los diálogos y la búsqueda de consensos. Volverá entonces la política, plenamente, al terreno de la vida civil ciudadana, abriendo las puertas al florecimiento de la inteligencia e imaginación colectivos, propios de los inagotables anhelos humanos de perfeccionamiento y superación.
Un mundo de paz reclama sociedades que se constituyan y se asienten sobre la base de la justicia y la equidad sociales (económicas, culturales, políticas), el pluralismo, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos en todos los órdenes y ámbitos de la vida humana. El egoísmo, la exclusión, la unicidad, la violencia y la búsqueda de ganancia sobre la base de la explotación humana como sustrato del orden social son valores propios de una civilización agotada junto con el siglo XX. Sostenerlos y pretender justificar su supervivencia en el siglo XXI, resulta culturalmente tan retrógrado como el medioevo lo fue para la república.
Hacernos cargo de la experiencia y la cultura de la humanidad, implica apostar a la paz social en los ámbitos local, regional, continental y mundial. Esto reclama hoy imperiosamente hacer efectivo el respeto a las diferencias, a la existencia de diversas culturas, identidades, miradas y modos de vida, conjugándolos en un nuevo contrato social sobre cuya base se construya una sociedad (Estado) plural, multi e intercultural, que haga de los principios democráticos del derecho a ser y vivir diferente, la base para la construcción de una democracia plural con significación efectiva para todos y todas.
Es lo que reclama -por disímiles vías- la humanidad conciente en el siglo XXI. Y es lo que está en juego y se dirime hoy en Bolivia.
(*)
Isabel Rauber es doctora en Filosofía.
Estudiosa de los movimientos sociales latinoamericanos.
Más información: http://alainet.org
"Solo conoceremos nuestra verdadera estatura cuando nos pongamos de pie"
